Martín Perez sostuvo que “Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur” y remarcó que la defensa del ambiente, de los recursos estratégicos y de la soberanía constituye una responsabilidad que la ciudad también asume desde el ámbito judicial. En ese sentido, afirmó: “Defender Malvinas también es actuar”, al destacar que la presentación constituye una nueva acción concreta en defensa de los intereses argentinos y reafirma el compromiso de Río Grande de estar presente en todos los ámbitos donde sea necesario para defender la soberanía nacional.

La decisión del Municipio se concretó este viernes mediante una presentación realizada por la Asesoría Letrada ante el Juzgado Federal de Río Grande, en el marco de la causa impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), junto con la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). Posteriormente, los alcances de la presentación y sus fundamentos institucionales, jurídicos y ambientales fueron explicados en una conferencia de prensa por el secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el asesor Legal y Técnico del Municipio, Sebastián Tessei; y la licenciada en Ciencias Ambientales, Gabriela Lucero.

Durante la conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, explicó que la decisión del intendente Martín Perez se vincula con la condición de Río Grande como ciudad ribereña de la costa atlántica y con las responsabilidades que establece la Carta Orgánica Municipal en materia de defensa ambiental.

"Para nosotros, como Municipio de Río Grande, una ciudad ribereña de la costa atlántica, es muy importante la presentación que hemos hecho ante el Juzgado Federal de Río Grande”, sostuvo. Y afirmó que “esta acción tiene como base el cuidado del ambiente, pero claramente tiene que ver con la cuestión del ejercicio de la soberanía”.

El secretario de Gobierno también puso en valor la declaración de competencia del Juzgado Federal de Río Grande.

“Lo que está diciendo la jueza federal es que tiene jurisdicción sobre este territorio que es argentino”, sostuvo.

Asimismo, confirmó que el intendente Martín Perez tomó contacto con otros municipios de la costa atlántica para compartir información sobre la causa y la presentación realizada por Río Grande, con el objetivo de evaluar un acompañamiento institucional.

Por su parte, el asesor Legal y Técnico del Municipio, Sebastián Tessei, brindó detalles sobre los fundamentos jurídicos de la acción y el alcance de la intervención municipal.

Tessei explicó que la causa se inició como una acción preventiva de daño ambiental contra las empresas Navitas y Rockhopper y que la demanda contempla tanto la cuestión vinculada con la soberanía sobre las Islas Malvinas como el cumplimiento de la normativa ambiental argentina.

En ese sentido, señaló que para Argentina resultan aplicables normas de orden público vinculadas con la protección ambiental y la gestión de residuos peligrosos.

El asesor municipal explicó, además, que la causa solicita una medida cautelar de no innovar y el cese de las actividades hidrocarburíferas cuestionadas mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Ahora, resta que el Juzgado Federal determine el carácter con el que el Municipio intervendrá formalmente en el proceso.

Finalmente, sobre los posibles impactos ambientales asociados a una eventual explotación hidrocarburífera en el área, la licenciada en Ciencias Ambientales, Gabriela Lucero, advirtió que “son riesgos potencialmente muy graves, sobre todo lo que es la biodiversidad”.

La especialista explicó que el área donde se desarrolla la actividad y la costa atlántica no constituyen espacios independientes, sino que forman parte de un sistema interrelacionado.

De esta manera, el Municipio advierte que los posibles efectos de la actividad hidrocarburífera proyectada trascienden el área inmediata de explotación y podrían comprometer la biodiversidad, los ecosistemas marinos y los recursos pesqueros del Atlántico Sur.

La presentación constituye una nueva acción concreta del Municipio de Río Grande en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, incorporando la protección ambiental y de los recursos naturales como parte de esa reivindicación.

En paralelo, el Municipio continuará articulando con otras ciudades de la costa atlántica para fortalecer el acompañamiento institucional de la causa y poner en común la información técnica y jurídica vinculada con los posibles impactos de la explotación hidrocarburífera.

De esta manera, Río Grande reafirma su compromiso histórico con la defensa de la soberanía nacional y avanza en una intervención concreta ante la Justicia para proteger los recursos naturales y el ambiente del Atlántico Sur.