21 de diciembre de 2021.- El pasado 10 de diciembre ocurrió un nuevo derrame de petrolero en la zona de Vaca Muerta, a 23 kilómetros de la localidad rionegrina de Catriel. La rotura en un ducto de la empresa Oldelval provocó el mayor derrame petrolero de la última década en la región. Las consecuencias en el mediano y largo plazo pueden ser catastróficas para el medio ambiente.
La causa del accidente fue la rotura de un caño al no soportar la presión por encontrarse severamente degradado a causa de la corrosión. No siendo la primera vez que se advertía que se necesitaba un mantenimiento y con el antecedente del 2014 donde ocurrió un hecho similar a la misma empresa.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, dispuso una Brigada de Control Ambiental que se trasladó a Río Negro para realizar una inspección, evaluar el daño causado y exigir una garantía ambiental. Oldelval declaró ese mismo día que contuvo el derrame y no se presentó ningún herido.
El Senador de la Nación de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, solicitó a través de un proyecto que se profundice la investigación de lo acontecido, se evalúen las consecuencias ambientales, económicas y cuestionó el rol de la Secretaria de Energía en el asunto.
“Resulta inadmisible hoy, con los recursos de tecnología de la información para el monitoreo remoto de todo tipo de variable, que un evento como este no haya sido prevenido. Este accidente es una evidencia y una punta del iceberg que significa el asalto al Estado perpetrado por la facción gobernante”, dijo Blanco. “Fiel ejemplo es La Cámpora, que subordina todo a la construcción de poder, aún la vida de los argentinos, como se puso de manifiesto en la criminal oposición ideológica a la adquisición de vacunas de Pfizer. Con ese antecedente, la seguridad de un oleoducto es un asunto poco trascendente frente a qué un amigo gana, qué contrato o quien ocupa qué puesto en el Estado, violando el principio de idoneidad para la función”, afirmó Blanco.
“Estamos ante la presencia de un derrame de petrolero muy grave. De cara a los daños ambientales, operativos y económicos que tendrá que pagar el Estado, resulta imprescindible que el Congreso de la Nación sea informado por las autoridades con competencia en virtud de la necesidad de identificar comportamientos administrativos y eventualmente penales responsables”, finalizó el senador fueguino.
